Conversatorio:
Ley 30 de 1992
Dentro de la coyuntura de
paro de la universidad distrital, se discutió acerca de la ley 30 de 1992 que
regula todo lo que concierne a la educación superior y sobre las consecuencias
que esta ley ha tenido en asuntos claves como la autonomía universitaria y el
presupuesto otorgado a las universidades públicas. Ademas de esto, realizar un
conversatorio respecto a esta ley nos da la oportunidad entender los problemas
de gobernabilidad en la universidad distrital y la urgencia de la
implementación de la asamblea universitaria.
El primer punto clave
para entender el trasfondo de esta ley, es la inversión del sector privado a la
educación pública. Este hecho plantea una pregunta muy importante acerca de que
espera este sector a cambio de su financiación a la educación superior; si un
empresario invierte, ¿qué es lo que espera como ganancia? Claramente se pretende
aumentar los programas que beneficien a las empresas (como las ingenierías y
los tecnólogos) o que incrementen la mano de obra, mientras que el área de las
ciencias humanas y las licenciaturas serán desfinanciadas por no convenirle a
dicho sector: se necesita conocimiento practico, no crítico. De igual forma, las
investigaciones universitarias también se ven afectadas ya que necesitan del
sector privado para obtener los recursos para llevarse a cabo pero al mismo
tiempo se ven limitadas, pues su enfoque debe responder a los intereses de dichas
empresas.
Debido a la falta de recursos
estos programas se ven en la obligación de autofinanciarse, subiendo los costos
de las matriculas y haciéndolas inaccesibles para la mayoría de la población;
este es solo uno de los elementos que hacen que, en el marco de esta ley, la educación
se convierta en un servicio y no en un derecho fundamental.
Por otra parte, respecto
al tema de la autonomía universitaria se presenta la problemática de que el
ministerio de educación, dentro del marco de la ley 30, le otorga todo el poder
al organismo ejecutivo sin ningún tipo de vigilancia del sector judicial. Ademas
se instaura el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) para regular las políticas
y administrar las universidades públicas. El problema con este estamento es que
esta conformado en su gran mayoría por agentes externos a las universidades que
toman las decisiones por esta, sin contar con una amplia de representación de
estudiantes y maestros.
Es importante señalar que,
en el 2011, durante el periodo presidencial de Santos se pretendía reformar la
ley 30 de tal forma que la financiación y el acceso a la universidad fueran aun
mas dificiles. Esta reforma pudo detenerse gracias a la lucha de mas de 32
universidades publicas en todo el país que exigieron que se detuviera y que se
dieran garantías para la construcción democrática de un nuevo proyecto. Luego
de conseguir frenar la reforma se levanta el paro, pero la Mesa Amplia Nacional
de Estudiantes (MANE) lo vende, y el Ministerio de Educación niega la participación
democrática afirmando que el único estamento que puede construir el nuevo
proyecto es el CESU.
Justo aquí es cuando
entra la lucha de la Universidad Distrital por la aprobación de la asamblea universitaria,
estamento que le permitirá a la universidad participar y ser un elemento clave
en la creación de políticas que regulen y garanticen la autonomía y el
bienestar universitario, evitando, entre otras cosas, que casos tan grandes de corrupción
como el que se destapó el año pasado vuelvan a ocurrir. Con la lucha
estudiantil y el apoyo de muchos maestros logramos la aprobación de la
asamblea, pero aun queda mucho trabajo por hacer. Hay que comprometernos
realmente con lo que hemos ganado, participar, informarnos y estar atentos a todos
los espacios de deliberación y participación por los que hemos luchado.
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